Acusan al dueño de una transportista de Laredo de usar a 57 choferes con visa B-1 en 1,044 viajes dentro de EE.UU.
La fiscalía federal dice que VMS Transport les pagaba de 25 a 50 centavos de dólar por milla, contra 70 centavos a los choferes autorizados.

Un gran jurado federal acusó formalmente al dueño de una empresa de autotransporte de Laredo, Texas, de emplear a choferes con estatus B-1 para mover carga dentro de Estados Unidos, informó la Fiscalía federal del Distrito Sur de Texas.
Se trata de Armando Martínez Varela, de 56 años, propietario de VMS Transport LLC, según la acusación. Enfrenta cargos por emplear a trabajadores no autorizados, alentar o inducir la entrada o residencia ilegal, dar albergue a extranjeros y hacer declaraciones falsas a investigadores federales.
Lo que dice la acusación
De acuerdo con la fiscalía, Martínez Varela reclutó a choferes admitidos con estatus de no inmigrante B-1. Los operadores recogían remolques en Laredo y entregaban mercancía en distintos puntos de Estados Unidos.
Los registros de VMS mostraron 1,044 viajes de transporte doméstico con 57 choferes con visa B-1 entre el 20 de febrero y el 15 de mayo, según los cargos.
La acusación señala que la empresa les pagaba de 25 a 50 centavos de dólar por milla, mientras que a los choferes autorizados que hacían un trabajo similar les pagaba 70 centavos. Con eso, la compañía se habría ahorrado unos 299,606 dólares en costos laborales.
La fiscalía también alega que Martínez Varela les conseguía alojamiento entre un viaje y otro, en lugar de que regresaran a México.
La regla de fondo
El comunicado explica el límite que está en el centro del caso: el estatus B-1 permite ciertas actividades de negocios temporales, entre ellas el transporte internacional que califique. No autoriza a trabajar transportando carga únicamente dentro de Estados Unidos.
Qué sigue
Si es declarado culpable, Martínez Varela podría recibir hasta 10 años de prisión federal y una multa máxima de 250,000 dólares.
La investigación estuvo a cargo de Homeland Security Investigations, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La fiscal federal adjunta Christine A. Cortez lleva el caso.
Una acusación formal no es una prueba de culpabilidad. El acusado se presume inocente mientras no sea condenado.